MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) –

La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha impulsado un decálogo de principios que pretenden servir como “hoja de ruta” para “contribuir a una mejora” de la sanidad española desde un enfoque ético y de colaboración público-privada.

En estos términos ha definido el presidente de la comisión, Carlos Rus, la ‘Declaración de principios del sector empresarial sanitario y sociosanitario’ presentada este martes y a la que se han adherido más de una veintena de las organizaciones que componen el sector, que aporta el 9,5 por ciento del PIB nacional y algo más de 1,2 millones de trabajadores empleados.

Según ha advertido, en la actualidad el país se enfrenta a “enormes” desafíos sanitarios frente a los que el trabajo de “todos” los eslabones de la cadena sanitaria se hace “imprescindible”. “Nuestro momento es el tiempo de la cooperación, de la suma de capacidades y de sinergias. Y esta integración debe realizarse desde cimientos morales y éticos compartidos y asumidos por todos”, ha señalado.

En este contexto, surge el documento compartido por la CEOE, que se basa en dos principios fundamentales: la ética como “eje” de actuación, a fin de ofrecer excelencia con criterios de equidad, responsabilidad y respeto al paciente; y la colaboración público-privada como “herramienta clave” para garantizar el acceso universal a una sanidad de calidad.

“No hablamos de sustituir lo público por lo privado, ni al contrario. Hablamos de complementariedad, de eficiencia, de aprovechar sinergias, de alinear esfuerzos en beneficio de todos los ciudadanos, especialmente aquellos más vulnerables”, ha precisado Rus acerca de la idea de colaboración público-privada.

La declaración se compone de 10 principios, como son, confianza; compromiso con la salud, los cuidados y el bienestar; rigor; veracidad; interés de los pacientes; integridad, buena fe y lealtad recíproca; independencia; respeto; compromiso con el Estado del Bienestar; y responsabilidad social y protección del medio ambiente.

Además de pretender mejorar la calidad de vida de la población partiendo de estos valores y la colaboración público-privada, el documento también tiene como objetivo reforzar el diálogo con la Administración; atender las nuevas exigencias derivadas de las posibilidades que ofrecen la tecnología y de las demandas sociales y legales; velar por el respeto y consideración a la dignidad y derechos de los profesionales; y desarrollar una gestión racional de los recursos, estimulando la cooperación intersectorial y adoptando procesos de producción sostenibles.

MARCO QUE “OBLIGA”

Por su parte, el coordinador general del grupo de trabajo responsable de esta declaración, Ricardo Lorenzo, ha hecho hincapié en que este documento no es simbólico ni decorativo, sino que establece un marco que “obliga” y está vivo, pues pretende aglutinar a todos los agentes implicados en una “plataforma de encuentro, mejora continua y diálogo”. A su vez, ha detallado que el texto integra aquello que ya se está haciendo bien.

“Cada principio que contiene esta declaración ha sido pensado para ser aplicado. Estamos hablando de principios como la confianza, la veracidad, el interés de los pacientes, la responsabilidad ambiental o el compromiso con el estado del bienestar. Y no están redactados en términos genéricos. Van acompañados de ejemplos, de códigos éticos ya en marcha, de guías prácticas de sistemas de autoregulación y de experiencias reales del propio sector que ha demostrado poder liderar”, ha aseverado Lorenzo.

De este modo, el coordinador del documento ha destacado que los principios recogidos deben ser convertidos “en decisiones, en política, en criterios de gestión, en comunicación clara, en alianza real” para poder hacer un frente “común” ante los desafíos demográficos, ambientales y sociales.

Los miembros de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales han establecido medidas de evaluación y han creado un Comité de Seguimiento para velar por el cumplimiento de las normas por parte de los firmantes del texto y monitorizar hechos de relevancia con impacto en la opinión pública que afecten a los sectores representados en la comisión.

Entre los principios contemplados en el texto, Lorenzo ha querido destacar el principio de confianza, el de rigor, el de veracidad y el de interés de los pacientes, puntualizando que son cuatro parámetros importantes, pero que cada uno de los demás cuenta con su propia línea y relevancia.

La clausura del acto de adhesión ha contado con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien ha celebrado la elaboración de la declaración como una “necesidad” ante las “amenazas” que acechan en el ámbito sanitario.

Garamendi ha defendido el valor que aporta la sanidad privada, aludiendo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que señalan que el 30 por ciento del gasto en sanidad es privado; la industria farmacéutica aporta 27.000 millones de valor añadido; 350.000 empleados dependen del sector; o que el 56 por ciento de los hospitales son privados, entre otros.

En esta línea, ha defendido el papel de la sanidad privada en el ahorro económico de las cuentas públicas, en investigación y desarrollo. “Esa parte es la que no se cuenta cuando se dice que lo público puede gestionar tanto, pero no son conscientes de lo que lo privado realmente está evitando a lo público”, ha afirmado.

“Todos esos principios del sector sanitario ponen encima de la mesa que las empresas y los empresarios de este país son gente seria, y ponen en valor lo que somos y no lo que cuentan (que somos)”, ha remachado.

Las organizaciones participantes de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE que han suscrito la Declaración de Principios son la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM), la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA), la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP), la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), la Asociación Española de Empresas de Biotecnología (ASEBIO) y la Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos (ASPREN).

También la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la Asociación Valenciana de Empresas de Ortopedia (AVEO), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), Laboratorios Cinfa (CINFA), la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), la Unió Catalana d’Hospitals (La Uniò), Sanofi España, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) y la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal (Veterindustria).

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