MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) –
El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Trabajo y Economía Social han presentado este miércoles un documento que reconoce cómo el trabajo influye en la salud mental de los ciudadanos y que propone, entre otras cosas, incluir las condiciones laborales de los pacientes en su historia clínica.
“El informe nos propone algo tan básico como que en las consultas preguntemos por las condiciones laborales y que parte de nuestra historia clínica tenga en cuenta las condiciones laborales y los condicionantes laborales”, ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del documento ‘Hoja de ruta para las administraciones sanitarias en España’.
El documento, en el que han participado académicos y catedráticos de medicina, sociología, filosofía y derecho laboral, reconoce el trabajo como un determinante social de la salud y propone medidas concretas para abordar desde la sanidad el daño que pueda derivarse de esa relación.
Así, García ha asegurado que en la actualidad “se está perdiendo una parte de la anamnesis” para conocer la situación real de los pacientes. Por ello, ha explicado que el documento propone formar a los equipos sanitarios para identificar los riesgos psicosociales, así como crear un sistema de vigilancia epidemiológica para codificar adecuadamente las sospechas de origen laboral.
“Apuesta por coordinar la salud pública, la salud laboral y la Atención Primaria en una sola red, que no sean compartimentos estancos, sino que podamos hacer una red de cuidados dentro de todos estos elementos y alianzas con otros ministerios”, ha manifestado García.
De este modo, el informe reconoce que el trabajo influye en la salud mental: “No todos los trabajos. Un trabajo en buenas condiciones aporta sentido, autoestima, comunidad y ejerce el efecto contrario, ejerce el efecto de palanca y de cuidado de nuestra salud mental. Pero sin embargo, un trabajo sin derechos, sin descanso, sin reconocimiento es un factor de riesgo para nuestra salud y es un factor de riesgo para la salud mental”, ha dicho García.
En este punto, la ministra de Sanidad ha recordado que, según el informe PRESME, en 2022 se podrían haber evitado 170.000 casos de depresión. Además, ha indicado que en 2024 hubo 643.000 bajas laborales por motivos de salud mental. “Esto es un 72 por ciento más que en el año 2020. No estamos hablando de un malestar difuso, estamos hablando de diagnósticos, estamos hablando de bajas y estamos hablando de sufrimientos concretos”, ha aseverado García, quien ha añadido que la mayoría de las bajas laborales son de mujeres entre 36 y 50 años.
COSTE ECONÓMICO DE 1,5 PUNTOS DEL PIB
Durante su intervención, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha informado de que el coste económico de las patologías de salud mental en España es de 1,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB).
“De esto nunca se habla. No se habla de la eficiencia económica, es decir, de la distorsión económica que supone no tener a la gente trabajadora cuidada, del ahorro y la inversión social que supondría no padecer en los centros de trabajo. Es verdad que esta pandemia no sólo está en España, es uno de los principales problemas de Europa, donde la media es de 1,2 puntos del PIB”, ha afirmado Díaz.
Al hilo, la vicepresidenta segunda, quien ha defendido la reducción de la jornada laboral para mejorar la salud mental de los ciudadanos, ha argumentado que “el trabajo se convierte en la mayor parte de las ocasiones en un lugar de sufrimiento”.
“No sólo porque estamos un tercio de nuestra jornada en él, sino porque tenemos que garantizar sociedades en las que podamos vivir mejor, trabajar menos y vivir con cierta dignidad y para eso necesitamos tiempo de vida”, ha expuesto Díaz.
Tras ello, ha defendido que “es que es la primera vez que el Gobierno señala que las condiciones de trabajo, y la precariedad incide de manera directa e indirecta en la salud mental de los seres humanos en España”.
UN PRIMER PASO HASTA LLEGAR A PROPUESTAS NORMATIVAS
Por su parte, la comisionada de Salud Mental, Belén González, ha indicado que el documento presenta una “base sólida” de evidencia científica sobre la relación entre riesgos psicosociales y trastornos mentales.
“Estos datos no pueden ser ignorados, no son percepciones subjetivas, son evidencias científicas. Son evidencias acumuladas que requieren respuesta. Una de las principales aportaciones de este documento es la creación de herramientas clínicas y epidemiológicas para detectar, describir y notificar los problemas de salud mental vinculados al trabajo”, ha expuesto.
Así, González ha apuntado que hasta ahora estas herramientas no existían de forma integrada en el sistema sanitario. “Entre ellas destaca la comunicación de la sospecha, un instrumento que permite que lo que se observa en las consultas llegue a las administraciones sanitarias. También se desarrollan algoritmos clínicos, descripciones estandarizadas y propuestas de mejora de los registros sanitarios”, ha comunicado.
En este punto, la comisionada ha lamentado que en la actualidad no se conocen cuantas bajas laborales se origina en el ámbito del trabajo. “Sabemos además, por ejemplo, que las bajas de larga duración por problemas de salud mental han aumentado desde 2018 casi un 400 por ciento. Pero lo que no sabemos es cuántas de estas bajas se deben a problemas que se originan en el propio ámbito laboral, porque precisamente no estamos pudiendo detectar esto desde las consultas porque no tenemos las herramientas apropiadas para hacerlo”, ha indicado.
“Esta hoja de ruta no es un punto final, sino un punto de partida. Desarrollaremos contenidos formativos, se iniciarán propuestas normativas y se establecerán mecanismos de coordinación con los agentes sociales, laborales y políticos”, ha finalizado la comisionada.
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